La Unión Europea afirma que quiere proteger los derechos humanos y conducirnos hacia un futuro sostenible.
Pero las tropelías no dejan de acumularse. Durante décadas, las empresas europeas han explotado a su personal, sobre todo en los países empobrecidos. Han desplazado a comunidades enteras, privándolas de sus hogares y de sus medios de vida, o talado árboles centenarios para obtener beneficios económicos. Que nadie se extrañe si nos lo tomamos con cierto escepticismo.
El planeta y sus habitantes llevamos demasiado tiempo pagando el pato por las corporaciones sin escrúpulos. Y, la verdad, ya nos hemos hartado.
Es posible crear un mundo más justo. Un mundo en el que las empresas respeten los derechos laborales y las vidas y el sustento de las comunidades, contribuyan a que los productores salgan de la pobreza y permitan que el planeta prospere. Un mundo en el que toda su población pueda acceder a la justicia si ha sufrido daños por malas prácticas empresariales.
Si creamos leyes que obliguen a las empresas a responsabilizarse de las consecuencias de sus actos, los productos que necesitamos para vivir ya no estarán manchados de sufrimiento y destrucción.
A principios de 2022, la Comisión Europea propuso una ley que podría hacer realidad esta rendición de cuentas por parte de las empresas. Pero ese solo es el primer paso para limpiar de arriba a abajo las cadenas de suministro basadas en la explotación.
Este es el momento en que necesitamos tu ayuda para plantarnos contra los lobbies empresariales, que están trabajando a fondo entre bambalinas para que la propuesta quede en agua de borrajas.
Debemos defender una legislación que de verdad cree un tejido empresarial más justo. Reglas que protejan a las personas y al planeta del que dependemos. Porque la justicia es un bien común [1].