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A la Comisión Europea

Texto de la petición:

No dejes que castiguen a los que defienden la dignidad y derechos de las personas más vulnerables. Que no se pueda sancionar penalmente a las personas que facilitan la entrada o tránsito no autorizado de refugiados e inmigrantes por razones humanitarias.

Por qué es importante

Manuel Blanco, Julio Latorre y Enrique Rodríguez son bomberos. El pasado mes de diciembre, se trasladaron a la isla griega de Lesbos para convertirse en voluntarios de la asociación PROEMAID (Professional Emergency Aid) y poner su experiencia profesional salvando vidas al servicio de una noble causa: evitar que mueran ahogados niños, mujeres y hombres que huyen de la guerra y la pobreza.

El 7 de mayo de 2018, Grecia les juzgó por haber salvado a personas de morir ahogadas. Aunque podrían haberse enfrentado a 10 años de cárcel, finalmente quedaron absueltos de todos los cargos.

Arriesgaron sus vidas para ayudar a miles de personas, pero el gobierno griego equipara sus labores de rescate con el tráfico ilegal de personas.

La legislación europea permitió que Julio, Manuel and Enrique fueran arrestados por tráfico de personas. Firma ahora para que los trabajadores humanitarios no sean criminalizados por la importante labor que llevan a cabo.

En interminables reuniones de urgencia, nuestros gobiernos se han limitado a abordar el problema de la inmigración desde el punto de vista de la seguridad, olvidándose completamente del lado humano. Cuando personas como Manuel, Enrique y Julio prestan ayuda humanitaria a los más necesitados, lo lógico sería que su gesto fuera recibido con los brazos abiertos. Por ello, debemos hacer saber a nuestros dirigentes que queremos que se centren en el lado humano de la crisis.

Sobre el caso:

El 14 de enero de 2016, en medio de la noche, unos voluntarios recibieron la noticia de un posible naufragio de un grupo de inmigrantes que intentaba llegar a Grecia. Tres miembros de PROEM-AID (Manuel Blanco, Enrique González y Julio Latorre), junto con otros voluntarios, decidieron salir en busca del barco naufragado. Como de costumbre, llevaban el uniforme de rescate y cascos con luces de seguridad.

Tras un tiempo razonable de búsqueda utilizando una luz de largo alcance, consideraron fallida la operación de rescate y decidieron volver a la costa. De repente, ya cerca de la playa, la tripulación de una gran embarcación del gobierno griego les pidió que se personaran en las oficinas de la guardia costera, para proceder con el registro habitual.

Cuando llegaron a la oficina, los tres voluntarios españoles fueron interrogados y arrestados por intento de tráfico de personas humanas y posesión de armas (por llevar el cortador obligatorio en los uniformes de rescate).

Tras permanecer tres días detenidos, los bomberos fueron puestos en libertad después de pagar una fianza de 5.000 euros cada uno como garantía de su comparecencia en el juicio penal, en el que finalmente fueron absueltos.

Esta campaña es en colaboración con:

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Gracias por actuar para evitar que se criminalice a aquellos que ofrecen ayuda humanitaria a los refugiados.

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